- By: admi
- Sep 22
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“Las reformas laborales que se avecinan en este periodo de sesiones parecen carecer de dos cosas fundamentales: diálogo y sensibilidad social. Se pretende que, tan sólo en los próximos meses, lo mismo tengamos una reducción de la jornada, un aumento del aguinaldo y, en una de esas, hasta un aumento de la prima vacacional”.
El cierre del año 2023 pareciera estar destinado a enfrentar una oleada de cambios laborales que desde hace tiempo han generado importantes expectativas. No me queda la menor duda que los últimos seis años han sido los más relevantes en la historia laboral de nuestro país.
De la reforma constitucional del año 2017, pasando por la reforma a la Ley Federal del Trabajo del año 2019, hasta la aparición de una figura como el teletrabajo, la restricción de la subcontratación, el incremento de las aportaciones de las empresas a los fondos de pensiones y el aumento de los días de vacaciones; nadie podría decir que seguimos viviendo en un Derecho Laboral estático.
Lo he dicho con anterioridad: nadie podía sentirse orgulloso de nuestro régimen laboral anterior y, en gran medida, la mayoría de las reformas antes mencionadas tienen un alto sentido de justicia social y de equilibrio en los factores de la producción.
Resultaba verdaderamente indefendible justificar que en nuestro país las personas trabajadoras tuvieran apenas seis días de vacaciones el primer año, así como resultaba inverosímil que en pleno Siglo XXI y con la cantidad de avances en las tecnologías de la información, no tuviéramos por lo menos una definición de teletrabajo que sirviera como punto de partida. De la misma forma, nos puede gustar o no la todavía nueva regulación de subcontratación, pero lo cierto es que la cantidad de abusos y delitos cometidos en su nombre, requerían una mejor observación y participación de todos.
Igual de cierto es que las reformas laborales que se avecinan en este periodo de sesiones parecen carecer de dos cosas fundamentales: diálogo y sensibilidad social. Se pretende que, tan sólo en los próximos meses, lo mismo tengamos una reducción de la jornada, pasando de 48 a 40 horas semanales, un aumento de 15 a 30 días de aguinaldo y, en una de esas, hasta un aumento al doble de la prima vacacional. En ese orden probabilístico que aquí le he propuesto se encuentra la agenda legislativa laboral. Y no, temo decirle que, a diferencia de otras ocasiones, ninguna de las reformas propuestas puede calificarse de una buena noticia.
Tengo la impresión que en años recientes se tiene la idea de que las empresas con operaciones en México son todopoderosas y que están hechas para poder ser exprimidas al máximo sin mayores repercusiones para los empleos de nuestro país. Pareciera que no existe la mínima conciencia de la cantidad de empleos informales que existen en México y la cantidad de negocios que esquivan la seguridad social y que tampoco pagan impuestos. Al igual que en el caso de las personas físicas, quienes terminan pagando el costo son los empleadores formales, que, en su mayoría, son empresas de entre una y cinco personas trabajadoras.
La situación me recuerda a las típicas negociaciones sindicales en donde el sindicato en cuestión espera un aumento del 50% en los salarios y no parece darse cuenta que, siguiendo bajo esa misma línea, lo primero en desaparecer será la fuente de empleo misma.
En efecto, y tal y como seguramente lo ha leído en páginas diversas de El Economista, estos cambios representarían un aumento del 22% de la carga social para las empresas, ya de por si alta en nuestro país.
Solamente la posibilidad de reducir la jornada –sin mayores análisis en materia de productividad– nos llevaría a un replanteamiento del concepto de tiempo extra y, naturalmente, una afectación directamente proporcional a los precios de bienes y servicios. En esta misma columna he planteado que la reducción de la jornada laboral podría ser una idea interesante si se planteara con los mecanismos de productividad adecuados, lo que categóricamente no figura en la discusión.
Lo verdaderamente grave no es que se propongan cambios laborales, por “agresivos” que puedan resultar para el sector empresarial. La verdadera inquietud aquí es que todo se pretende realizar con cargo directo a las empresas y sin mayor aportación ni ayuda del Gobierno Federal.
Le garantizo que esta columna tendría un sentido muy distinto si, a la par de estas posibles modificaciones, estuviéramos hablando de la reducción del Impuesto Sobre la Renta o la deducibilidad completa de las prestaciones que pagan las empresas con operaciones en México. Nada de eso está en la discusión. La única discusión que se pretende es seguir aumentando una carga inmanejable para la mayoría de las empresas de nuestro país, asumiendo que se trata de empresas con recursos ilimitados para hacerle frente a cuanta reforma se pretenda. Todo, desde luego, bajo el argumento de mejora de derechos.
No es así de fácil, no es una discusión binaria y no se están midiendo los impactos que esto representaría en la economía formal. Es urgente abrir el diálogo social y platicar sobre las formas en las cuales podemos incentivar el empleo formal, así como las formas en las cuales puede participar el Gobierno Federal en todas estas modificaciones que representarían un reto mayúsculo. Reitero, otra historia sería si tuviéramos una mejor deducibilidad y un Impuesto Sobre la Renta más razonable y, sobre todo, mejor destinado.
De seguir a este ritmo y sin mayores contrapesos de por medio, no le extrañe que los índices de desempleo e informalidad aumenten en las próximas mediciones, porque verdaderamente no habrá empresa que aguante. La oportunidad de situaciones tan espectaculares como el nearshoring puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos para que algún día alguien pregunte: ¿Y las empresas?
