- By: admi
- Jan 23
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“Si de la seguridad social no estamos obteniendo la salud requerida, ni la relativa garantía de obtener recursos para la transición al último tercio de vida, la verdadera reflexión que hay que hacer tiene que ver con la administración pública del Estado. Cambiar la situación anterior sin una reforma fiscal no es posible ni con la más extrema de las austeridades”.
El año electoral inició con los tintes esperados y, desde luego, los aspectos sociales y laborales no podían permanecer ajenos a dicha dinámica.
En esta ocasión me refiero puntualmente al anuncio presidencial para promover una reforma que garantice que las personas trabajadoras obtengan una pensión equivalente a su último salario. Una situación que pudiera escucharse verdaderamente atractiva en términos de justicia social, pero que en la realidad resulta absolutamente inviable desde el punto de vista laboral, de seguridad social y desde luego de política pública.
El anuncio presidencial de las últimas semanas, que en todo caso deberá acompañarse de la propuesta de reforma correspondiente en términos constitucionales, pretende que exista una tasa de reemplazo del 100% en toda la población, en el entendido que será el Estado el encargado de financiar que las personas trabajadoras reciban una pensión equivalente al último salario devengado.
En un tema como el que pretende implementarse, el análisis es mucho más que social o de intenciones. En primer lugar, conviene recordar que en el año 2020 se aumentaron las aportaciones de las empresas al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), debido a que, en efecto, las tasas de retiro de las personas pensionadas han resultado muy bajas. En otras palabras, lo que no puede desconocerse es que, en nuestro país, las pensiones y el retiro en general son en efecto un lujo que pareciera pocos pueden darse, atendiendo, además, a la creciente informalidad laboral.
No obstante, lo que no puede perderse de vista es la situación financiera del Estado y lo indispensable que resultaría, también, una reforma fiscal para siquiera poder poner en la discusión un tema tan complejo como el que nos ocupa. Si partimos de la base que la iniciativa privada está transitando en los próximos años de un porcentaje de 6.5 a 15% en lo que a aportaciones se refiere, la respuesta obligada dado el contexto actual es que los recursos, en efecto, se obtendrían del propio Estado. Sin embargo, ni el más optimista de los analistas económicos ha considerado que lo anterior sea posible a través de políticas de austeridad.
En columnas anteriores he manifestado que nuestro país presenta un problema muy importante de incentivos, enfatizado especialmente en el tema laboral. Aquí he dejado constancia de lo caro que es hacer negocios en México dada la dinámica fiscal y de seguridad social que rodea a cualquier persona con ánimos de emprender y generar empleos.
Normalmente, más de la mitad de los ingresos de las empresas terminan en las arcas del Estado y, una problemática verdaderamente conectada a lo anterior es el poco reflejo de dichas aportaciones en beneficios para la población. Y bueno, ni qué decir de cómo esta situación termina empujando a la informalidad.
Algo muy similar a lo expuesto con anterioridad sucede en lo que respecta a la situación de las personas trabajadoras y los beneficios que tendrían que desprenderse de la afiliación al régimen de seguridad social. Naturalmente existe un problema de Estado cuando de una aportación tripartita (empleadores, personas trabajadoras y Estado) no pueden obtenerse los más elementales servicios de salud y, en muchas ocasiones, ni siquiera las medicinas para la atención de padecimientos de menor nivel.
Si de la seguridad social no estamos obteniendo la salud requerida, ni la relativa garantía de obtener recursos para la transición al último tercio de vida, la verdadera reflexión que hay que hacer tiene que ver con la administración pública del Estado. Cambiar la situación anterior sin una reforma fiscal no es posible ni con la más extrema de las austeridades. Sencillamente, no alcanza.
La reflexión principal a la que quisiera invitar en esta ocasión es a la de tener cuidado con propuestas de reforma con aparente alcance social, que con un poco de análisis terminan representando auténticos retrocesos en los acuerdos alcanzados en las últimas décadas. Los déficits actuariales del Producto Interno Bruto (PIB) en lo que respecta al IMSS y al ISSSTE son auténticamente dignos de llamar la atención y, por ende, éstas no pueden ser decisiones que se tomen únicamente desde la voluntad o las aparentes buenas intenciones.
En lo personal, no podría oponerme a tener mejores tasas de reemplazo para la población, máxime con las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras de nuestro país. No obstante, reitero, aquí no alcanza la intención.
Está claro que en años recientes se han realizado esfuerzos más que razonables impulsados desde el diálogo social, para gradualmente ir mejorando una situación que debe ocuparnos a todas y todos. Sin embargo, aunque la deuda todavía es grande, el análisis debe tomar como una de las variables principales el gasto del Estado en pensiones, que ya suficiente merma ha hecho al sistema fiscal mexicano.
Elevemos la discusión y recordemos que el rigor técnico y las políticas públicas deben jugar un rol fundamental en cualquier decisión de Estado, en donde normalmente no bastan las buenas intenciones.
