- By: admi
- Oct 26
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La primera sesión del Parlamento Abierto sobre la jornada laboral en San Lázaro dejó en claro que hay coincidencias en la necesidad de ampliar el periodo de descanso al que tienen derecho las personas trabajadoras; las diferencias recaen en la oportunidad de la reforma y la gradualidad de su implementación.
El pasado lunes 16 de octubre tuve la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados para discutir los impactos de la posible reducción de la jornada laboral.
En primer lugar, debo decir que, desde mi consideración, en realidad estamos ante la presencia de una ampliación de los días de descanso, más allá de una reducción de la jornada de trabajo como tal. En el mismo sentido, considero que siempre debemos celebrar la apertura legislativa ante este tipo de foros, máxime cuando se trata de legislaciones potenciales que tienen implicaciones tan variadas como la que nos ocupa en esta columna.
Ahora bien, una primera reflexión que considero vale la pena realizar es el apasionamiento con el que se ha abordado esta posibilidad desde ambos factores de la producción. Por una parte, la representación obrera motiva muchos de sus planteamientos en la necesidad de seguir dotando a nuestra legislación de los mecanismos adecuados para el esparcimiento y el descanso de las personas trabajadoras, así como la tendencia internacional a reducir las jornadas, recordando además que se trata de un tema que lleva varias décadas buscando insertarse en la agenda legislativa.
Del otro lado, la representación patronal reconoce la tendencia ya mencionada, pero enfatiza en los tiempos y los momentos para hacer realidad esta situación, considerando la cantidad de reformas recientes (vacaciones dignas, aumento a las aportaciones de los fondos de pensiones, restricción de la subcontratación, teletrabajo) e inclusive algunos rezagos financieros de la pandemia.
Me parece que, contrario a lo que se piensa, existieron muchas más coincidencias en el desarrollo del Parlamento Abierto que posturas encontradas. En lo personal, encontré consenso en la necesidad de reducir la jornada en un periodo de tiempo determinado y de seguir garantizando tiempos de esparcimiento para las personas trabajadoras, aceptando que, en efecto, México es uno de los países que mayor cantidad de horas trabaja en el mundo y que por alguna razón no termina de reflejar dicha situación en indicadores de productividad.
Es evidente que el punto fino en donde no hay consenso es en el momento para realizar dichas modificaciones. La representación obrera argumentó que dicho momento es ahorita, mientras que la representación patronal solicitó gradualidad en caso de materializarse la reducción de la jornada.
Algo es cierto, las últimas reformas laborales no se han caracterizado precisamente por su gradualidad. Por ejemplo, la reforma de vacaciones dignas se caracterizó justamente por su aplicación inmediata y por la complejidad que tuvieron que enfrentar las empresas para su ejecución, teniendo que ajustar además los días sobre los cuales debe ahora pagarse la prima vacacional. Un poco más atrás, la reforma en materia de subcontratación, si bien fue retrasando su puesta en marcha, tampoco puede decirse que haya dado tiempo suficiente a las empresas para organizarse y replantear los modelos productivos respectivos.
Considero que si existe una situación que requiere específicamente de gradualidad, es categóricamente la reducción de la jornada y, para muestra, habría que analizar la experiencia colombiana o chilena. Compararnos con Dinamarca o Noruega me parece, incluso, irresponsable. Compararnos con los iguales es, apenas, un presupuesto básico para el análisis.
Asumamos que legislar en materia laboral no es solamente un cúmulo de buenas intenciones, sino que debe acompañarse siempre de los mecanismos que garanticen su correcta aplicación desde ambos factores de la producción. Es un hecho, por ejemplo, que deben incluirse los mecanismos que prevengan las enfermedades laborales como el estrés laboral o el “burnout” y es cierto que la reducción de la jornada podría colaborar a dichos fines.
Sin embargo, también es cierto que existen industrias y negocios que, de procederse con una modificación tan abrupta de la jornada, generarían situaciones nada deseables para ninguno de los dos lados de la relación laboral. E incluso, debo decir que tampoco estoy tan seguro que los temas laborales deban seguirse poniendo en la agenda a través de decretos, sino que también deberíamos estar impulsando que la negociación colectiva se hiciera cargo de este tipo de situaciones en las mesas de negociación y revisión de Contratos Colectivos de Trabajo, aprovechando que es en esas mesas en donde se conoce la situación real de cada negocio y de cada industria.
Si nos dedicamos a subir los mínimos y reducir los máximos de ley al límite de nuestras posibilidades, ¿qué margen de acción le vamos a dejar a los sindicatos y a la contratación colectiva? ¿No será que con estas modificaciones tan inmediatas y seguidas una de la otra terminamos inhibiendo la vida sindical? ¿Es real proceder con una modificación general para todos los negocios e industrias por decreto, asumiendo que todos los centros de trabajo funcionan igual?
Estas son algunas preguntas para continuar una discusión que debe centrarse en la empatía de ambos factores de la producción, sin convertirlo en un juego de buenos contra malos que, categóricamente, no le sirve ni le hace justicia a nuestro país.
