En las últimas semanas han aparecido las primeras señales laborales de la virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Me refiero, desde luego, a las primeras declaraciones y movimientos que se relacionan con la política laboral mexicana.

Durante la campaña presidencial e incluso semanas después, en esta columna manifestamos que la próxima titular del Ejecutivo Federal no había sido especialmente vocal en los temas laborales, a diferencia de lo que en su momento había manifestado el presidente López Obrador. Pues bien, ese silencio para los temas laborales parece haber llegado a su fin.

Comenzando por lo más reciente, conviene hacer referencia a la ratificación del secretario del Trabajo del actual gobierno, Marath Bolaños. Soy un convencido que si hubo alguna Secretaría que funcionó adecuadamente en este sexenio, fue precisamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se trata de una dependencia que tuvo que hacerle frente a la reforma laboral más importante de nuestros tiempos, al tiempo de impulsar una serie de modificaciones que se relacionan con el día a día de las personas trabajadoras y las fuentes de empleo mexicanas.

La importancia de la propia Secretaría en el marco del T-MEC y la adecuada implementación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, me permite concluir que la continuidad en la política laboral es, en efecto, una buena noticia. Con la continuidad del secretario Bolaños viene también la continuidad de su equipo y las distintas Unidades de Trabajo, lo cual, reitero, tiene sentido político y social.

Desde esta columna hacemos votos porque exista un mayor involucramiento del sector empresarial en lo que tiene que ver con el planteamiento de próximas reformas y toma de decisiones con afectación directa a los factores de la producción. Es positivo y natural que la política laboral tenga como objetivo central el beneficio de las personas trabajadoras, pero no debemos olvidar la importancia de generar las condiciones para que las fuentes de empleo puedan seguir creciendo y generando bienestar.

Ahora bien, más allá de las designaciones de gabinete a cargo de la próxima presidenta de la República, lo cierto es que en estas últimas semanas también han existido un par de declaraciones relevantes que bien vale la pena señalar y apuntar de cara al próximo periodo legislativo.

La primera de ellas se relaciona con la posibilidad de retomar la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana. En una de sus conferencias de prensa, la próxima líder de nuestro país fue cuestionada al respecto y, con mucha prudencia, contestó que una reforma de ese calado tendría que partir de un acuerdo claro entre el sector empresarial y el sector obrero. En otras palabras, que dicha reforma no transitaría si no hacía sentido a las y los dueños del capital.

Si bien dicha declaración puede resultar una sorpresa para algunos, lo cierto es que termina por mandar un mensaje positivo en cuanto al tono que tendrá la política laboral de Claudia Sheinbaum. Considero que el mensaje que debemos recoger es que, las reformas laborales, por populares que puedan resultar, deben tener el consenso correspondiente y hacer sentido a ambos factores de la producción.

Desde hace tiempo aquí se ha manifestado que las ocurrencias legislativas y laborales no nos llevan a ningún lado, por lo que iniciativas como la que aquí se comenta o incluso la del aumento de aguinaldo (que parece estar destinada a la desaparición), deben pasar por un amplio proceso de discusión y sin caer en favoritismos por un sector de la producción u otro.

Por otra parte, en los días recientes, Sheinbaum se dio tiempo para externar su opinión sobre el trabajo de plataformas digitales, a propósito de un cuestionamiento relacionado con el posicionamiento de dichas iniciativas. Como recordarán, la iniciativa para regular el trabajo de plataformas digitales es una que parece estar relativamente olvidada pero que, en opinión del suscrito, contaría con toda la pertinencia para ser retomada y discutida.

Al respecto, elaboró sobre la importancia de abrir esa discusión, a propósito de los retos que implica para ambas partes de la relación laboral involucradas en un auténtico trabajo del Siglo XXI. Es claro que existe una lucha laboral importante en el reconocimiento de derechos de dichas personas trabajadoras, por lo cual no deberá sorprendernos si esta iniciativa resulta ser una de las primeras que resultan discutidas en la próxima etapa legislativa.

Así las cosas, me parece que las primeras señales laborales de Claudia son, en efecto positivas, razonables, sensatas y, por ende, sin polarizaciones.

Por una parte, la ratificación en el liderazgo de la política laboral parece mandar el mensaje de que no hay necesidad de cambiar algo cuando está funcionando. Y, de la misma forma, las primeras declaraciones de la virtual presidenta electa en materia laboral, nos hacen pensar que habrá cautela, en el mejor de los sentidos, en lo que tiene que ver con la aprobación de próximas reformas, evitando caer en populismos laborales. Algo que por cierto, se ha criticado desde siempre en esta columna.

En un escenario de tan amplias mayorías legislativas, la prudencia y el diálogo siempre serán de tranquilidad para los mercados y para nuestro país en general.

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Durante los últimos días he recibido todo tipo de consultas de clientes y colegas, verdaderamente preocupados por la reciente publicación del Decreto mediante el cual se reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (“Ley para Prevenir la Trata de Personas”). Si, me refiero a la posibilidad de exceder los límites de la jornada laboral que dispone la Ley Federal del Trabajo (LFT) y, por ende, poder ser acreedores a penas de tres a 10 años de prisión, así como a las correspondientes multas.

Considero que se trata de una reforma que debe abordarse con mucha sensibilidad, autocrítica y prudencia en el mejor de los sentidos. En primer lugar, debemos reconocer desde el sector empresarial que, en efecto, desde sus orígenes más remotos, nuestro país se ha caracterizado por largas jornadas de trabajo que a principios del siglo pasado no se encontraban ni siquiera remuneradas.

Hoy, si bien, el tiempo extra se encuentra claramente regulado en la LFT, lo cierto es que se trata de una de las disposiciones más vulneradas e ignoradas, sobre todo en ciertos tipos de trabajo y en industrias muy específicas.

Lo más grave de esta primera reflexión, es que lo hemos normalizado por completo. En la lógica de que “siempre habrá alguien que quiera tu trabajo”, “en esta industria las cosas son así”, entre otras frases emblemáticas, parecemos haber olvidado la salud mental de las personas trabajadoras y su derecho al descanso. Aceptemos esto sin mayores quejas, aceptemos que es indefendible y avancemos con nuestro análisis. Inclusive, pagando todo el tiempo extra establecido por la ley, no podemos seguir normalizando jornadas excesivas e inhumanas, se trate de la industria que se trate.

Ahora bien, primero es fundamental entender cómo funciona nuestra LFT. En el entendido que la jornada diurna no debe exceder las 48 horas semanales, la mixta no debe exceder las 45 horas semanales y la nocturna las 42 horas semanales, la propia ley siempre ha establecido que se pueden ampliar las jornadas anteriores en circunstancias extraordinarias. Esto, siempre y cuando no excedan tres horas extras al día, ni más de tres veces en una semana. El tiempo extra que se compute en estos términos deberá remunerarse con un 100% más del salario que corresponda a la persona trabajadora.

Teóricamente, ninguna persona trabajadora se encuentra obligada a laborar si se excede lo anterior. Pero como si la LFT supiera que lo anterior no se iba a respetar, entonces dispone que si se trabajan más de nueve horas extras a la semana, la empresa deberá pagar un 200% del salario que corresponda a la persona trabajadora.

En este último supuesto, siempre ha podido configurarse alguna de las multas a las que refiere la LFT, mismas que van de 50 a 250 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Pareciera que la propia LFT reconoce, levemente, que ya es cuestionable exceder las nueve horas extras a la semana. Y por eso impone la multa. Por supuesto que no es lo mismo una multa que ir a la cárcel, y ahí la máxima preocupación.

A todo esto, ¿qué es lo que realmente dice la Ley para Prevenir la Trata de Personas? Lo primero que hay que decir es que es muy amplia y que, por ende, habrá que esperar las interpretaciones de los tribunales para aclarar un poco.

Empieza definiendo el concepto de “explotación laboral”, estableciendo que la misma se configura cuando, en resumen, una persona obtiene un beneficio económico e injustificable a través del trabajo ajeno y atentando contra la dignidad de la persona. En este último punto, se refiere a condiciones peligrosas e insalubres, inequidad entre el trabajo realizado y el salario percibido, vulneraciones al salario mínimo y jornada laboral superior a la legalmente establecida. Las penas pueden aumentar si la persona trabajadora es indígena o afromexicana, yendo de 4 a 12 años de prisión.

¿Por qué digo que las disposiciones anteriores son amplias y requieren interpretación judicial? Porque puede ser muy subjetivo si realmente mi trabajo es remunerado conforme lo que hago, si el beneficio económico es injustificable, pero, sobre todo, porque la Ley para Prevenir la Trata de Personas, considera dichas penas si se “excede la jornada legalmente establecida”. Y lo cierto es que nuestra LFT contempla remuneraciones para, realmente, cualquier supuesto de tiempo extra. Cierto es, también, que no sería lógico ahora tipificar el tiempo extra como delito. Pero, también creo, que el tiempo extra indefinido merece un cuestionamiento serio. Ni se diga el tiempo extra no remunerado.

En mi consideración, me parece que los problemas empezarán a aparecer para cuando se excedan las nueve horas extras a la semana de manera reiterada y sistemática; sobre todo si es sin remuneración. Es decir, a reserva de esperar las interpretaciones judiciales, no aprecio un problema en mantener el modelo de tiempo extra con las horas que se pagan al 100%, pero posiblemente si para las que se pagan al 200%. Si a esto le sumamos las posibilidades de que la jornada laboral se reduzca de 48 horas semanales, el panorama puede ser de auténticos cambios.

¿Qué opino de todo esto?

• Que en México se trabajan largas jornadas. Y si, en un altísimo número de casos, no se paga tiempo extra. Es decir, no solamente excedemos las jornadas, sino que en muchas ocasiones ni siquiera se pagan conforme a la LFT.
• Que no podemos seguir normalizando que la gente no descanse. No está bien y me parece que es contraproducente para la productividad.
• Que a veces necesitamos algo así en nuestro país para voltearnos a ver. También sucedió con la reforma de outsourcing. ¿Se acuerdan?
• Que hay que esperar la interpretación de los tribunales, para no equivocarnos.
• Que no todas las industrias funcionan igual. También tenemos que entrarle a esa discusión.
• Que hay que ver la forma de ayudar a las empresas. Positivo que esto se ponga en la discusión, ¿pero a qué hora bajamos el ISR? ¿Cuándo discutimos la viabilidad del PTU conforme a productividad? ¿Cuándo otorgamos incentivos al emprendimiento? ¿Para cuándo la empresa puede rescindir por bajo rendimiento laboral?

Empresas: Hay que hacer la tarea de tener contratos, documentar todo, reforzar nuestras cláusulas. Compliance, pues.

Qué bueno que se reten tantos conceptos y tabúes laborales en nuestros tiempos. Pero ojo, no podemos seguir con esta serie de cambios si no ayudamos a las empresas. Situaciones como ésta, mal encaminadas, nos llevarán invariablemente a la informalidad. Que no nos pase eso.

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Aunque los temas laborales no han sido centrales en las propuestas de las candidatas presidenciales, hay varios proyectos de reforma que tienen un grado importante de avance en la discusión dentro del Congreso y que podrían retomarse en el siguiente sexenio.

En pocos días, nuestro país tendrá a la primera mujer titular del Ejecutivo Federal. Si bien se trata de un dato que desde luego quedará registrado en la historia, lo cierto es que la agenda que le espera a quien ocupe la Presidencia de la República no será para nada sencilla y, tendrá que lidiar, entre muchísimos otros pendientes, con temas laborales. Algunos que ya se encuentran en marcha desde hace tiempo y, a su vez, otros que se han quedado en el tintero y exigen una discusión pronta.

Es relevante mencionar que ninguna de las dos candidatas con posibilidades de gobernar nuestro país ha sido particularmente vocal en lo que respecta a la agenda laboral.

Claudia Sheinbaum ha limitado lo anterior a comunicar que continuará con la política de aumentos significativos al salario mínimo. En realidad, dicha decisión no es propia pues va mucho más allá de quien ostente la presidencia. Se trata de una obligación que ha sido impuesta a México por parte de nuestros socios comerciales en el marco del T-MEC y que, pase lo que pase, seguirá siendo parte de la política laboral de nuestro país.

Por su parte, Xóchitl Gálvez ha dado indicios que, en un eventual gobierno suyo, podría existir un mayor consenso y apertura frente a las voces del sector empresarial. No obstante, tampoco ha particularizado en los rasgos de su eventual política laboral.

Con independencia de lo anterior, está claro que dentro de las muchas iniciativas que quedaron pendientes durante esta legislatura, considero que hay tres proyectos que en su momento parecían tener posibilidades reales de transitar con éxito hacia el marco legislativo y que, por ende, no debería sorprendernos que pudieran retomarse. Me refiero puntualmente a:

1. Permisos de paternidad
2. Reducción de la jornada
3. Regulación del trabajo en plataformas digitales

Esta última con mucho menos posibilidades que las otras dos anteriores, pero que cobra relevancia dada la dinámica de trabajo mundial, sumado al hecho que la propia candidata de oposición ha sido impulsora de dicha iniciativa.

A su vez, en lo tocante a permisos de paternidad, no cabe la menor duda que nuestro país va significativamente atrás en el reconocimiento de dichos derechos. Sin embargo, igualmente urgente sería diseñar las condiciones que permitan la ampliación de los días de paternidad, pero a través de la participación directa del Instituto Mexicano del Seguro Social. No sería sostenible un modelo en donde las empresas se hicieran totalmente cargo de la situación, tal y como se propuso en la iniciativa en su momento.

Y, finalmente, el multicitado tema de la reducción de la jornada. En esta columna he sido enfático en señalar que quien suscribe considera que se trata de una discusión a la cual debemos estar abiertos, por muchísimas razones. No obstante, de nueva cuenta, la situación requiere de la gradualidad necesaria para transitar a un modelo en donde efectivamente existan dos días de descanso. Pasar de 48 a 40 horas de trabajo a la semana, de manera abrupta, no es ni remotamente posible.

Cualquier cambio en la presidencia de un país representa la posibilidad de nuevos bríos y de nuevas formas en la comunicación con los diversos actores políticos. La política laboral de un país no es cosa menor y, naturalmente, habrá que estar muy pendientes de la relación del nuevo gobierno federal con los factores de la producción.

Ojalá, en la primera presidencia femenina de nuestro país encontremos empatía por ambos factores y dejemos de lado la extrema polarización tan característica de nuestros tiempos, en donde terminemos por entender que ni las relaciones laborales, ni mucho menos el país, debe ser una discusión de “buenos” contra “malos”.

Ojalá, también, el nuevo gobierno impulse iniciativas que generen más y mejores empleos, en donde la gente que trabaja más y mejor, gane más. No solamente por un tema de incrementos al salario mínimo, sino porque se incentive la negociación colectiva, la meritocracia y la compensación variable alineada a objetivos de productividad que resulten medibles y cuantificables.

Ojalá, nuestra nueva presidenta entienda que emprender en México no es una tarea fácil y que, por ende, las y los emprendedores necesitan mejores incentivos y apoyos para correr riesgos y generar empleos de calidad. En el mejor de los sentidos, el Estado tendría que ser un socio del empresariado mexicano, en todos sus tamaños. No solamente socio de las cinco o 10 personas más ricas del país, sino de muchísimas micro, pequeñas y medianas empresas que, en muchas ocasiones, no ven lo duro, sino lo tupido de hacer negocios en México. Solamente a través de este binomio de colaboración conseguiremos generar empleos de calidad y, entonces, elevar el nivel de vida de las personas trabajadoras mexicanas. Los empleos no los genera el Estado, los generan las y los empresarios. Ojalá, de verdad, nuestra próxima líder entienda eso.

Y, finalmente, ojalá que las personas contribuyentes empecemos por ver reflejados los impuestos que pagamos día con día. Nuestro país tiene una de las cargas fiscales más altas del mundo, pero, lo que es más grave, es que esos impuestos no se reflejan en mejores servicios, en medicinas, en apoyos al emprendimiento, en mejores calles para transitar, y ya ni se diga, en seguridad. Ojalá que la primera presidenta en la historia de nuestro país tenga la sana ambición de pasar a la historia como un factor de unidad y que, a partir de ahí, venga todo lo demás. Los temas laborales incluidos.

Salgan a votar. ¡Nuestro país lo necesita!

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En la medida que paso más tiempo en el mundo de los negocios, desde el emprendimiento, me convenzo de una verdad que a mi parecer es irrefutable: emprender no es para todos. Y es que, cada vez más, pareciera que vivimos en una cultura en donde la meta última debe ser emprender algo, crear algo desde cero que me permita, presumiblemente, libertad financiera, libertad personal y satisfacción.

Por momentos, pareciera que la dinámica de redes sociales y de conectividad exacerbada de nuestros tiempos, nos dice que, si en nuestra vida profesional no logramos crear algo, entonces no aprovechamos al máximo nuestras capacidades. Falso, en realidad el tema es mucho más complejo que eso.

Una de las razones por las cuales estoy convencido que el emprendimiento no es sano para todos, tiene que ver principalmente con las múltiples formas de ser que tenemos los seres humanos en un contexto como el de nuestro país.

Emprender implica, de entrada, una personalidad de tolerancia y hasta gusto por el riesgo, para la cual no hemos sido educados. Todavía vivimos en una sociedad en donde, con justa razón, se nos educa para buscar lo “seguro”, como si eso realmente existiera. Son muchas las escuelas y universidades que se enfocan en formar perfiles directivos para las empresas, pero son muy pocas las que ya están enfocadas en formar perfiles emprendedores.

En México, además, emprender implica una actitud de permanente resiliencia y de sentirse cómodo con una serie de responsabilidades para las cuales, reitero, tampoco hemos sido educados. La cultura mexicana nos educa para pagar una hipoteca o una renta, pero no nos educa para pagar una nómina. La misma cultura nos educa para conservar un empleo, no para dar empleos. Esa misma cultura nos educa para buscar la aparente seguridad de un salario, no la incomodidad de tener que vender y generar mis propios ingresos.

Si bien tener un trabajo remunerado no necesariamente es lo más seguro, lo cierto, es que va más alineado a la forma en la que fuimos educados desde nuestras familias y hasta la universidad; quienes tuvimos esa oportunidad. Y en esta última referencia, también cabría la reflexión. En México tenemos muy normalizado que todos debemos ir a la universidad, cuando tampoco es así.

Soy un convencido que en México deberíamos alentar mucho más las formas de empleo diversas, que no necesariamente pasan por ir a la universidad. Me refiero desde tener un oficio hasta alguna forma de autoempleo diversa a través de las redes sociales. Si, me refiero a las y los influencers, que en ocasiones terminan consiguiendo un patrimonio mucho antes que gente que fue a la universidad y siguió un camino relativamente tradicional. ¿Es tan grave que a alguien no le guste estudiar y prefiera hacer algo más desde temprana edad? No, no lo es.

Y desde luego, en todo este análisis, no podemos dejar fuera la participación del Estado. Un Estado que no está ni remotamente preocupado en generar incentivos que permitan, a quienes quieran, emprender. La decisión de emprender pasa, en gran medida, por encontrar una oportunidad y ejecutarla, lo cual incluye: financiarla. Y no, el Estado no está interesado. No solamente porque no se ha encargado de generar los créditos necesarios para quienes quisieran intentarlo, sino porque con la cantidad de compromisos que tiene que asumir quien emprende, basta conocerlos para desincentivar a cualquiera.

Es decir, no solamente debo tener una ronda de inversión exitosa para poder echar a andar mi negocio, sino que además debo estar dispuesto a darle aproximadamente la mitad de mis ingresos al mismo Estado en el día a día. Dispuesto a pagar seguridad social, Impuesto Sobre la Renta, reparto de utilidades, dividendos en el caso de sociedades civiles, más todos los costos asociados a la nómina y demás responsabilidades fijas. En otras palabras, dispuesto a tener una ganancia relativamente marginal, comparado con lo que genera el negocio en cuestión.

Después de todo este análisis dual, alguien podría preguntar, entonces ¿qué es mejor? ¿qué me conviene, tener un empleo o dar empleos? Desde luego, como todo en la abogacía, la respuesta es: depende. Depende qué tipo de riesgo quiero escoger, depende con qué tipo de riesgo me siento menos incómodo, partiendo de una premisa básica: la seguridad o la certeza laboral no existe.

Un buen día puedo perder mi empleo, por bueno que sea, así como un buen día mi negocio puede volverse vulnerable. Y entonces, reitero, la pregunta es: ¿Qué tipo de riesgo laboral quiero y puedo enfrentar? ¿Qué se acomoda mejor a mi personalidad? ¿En cuál de las dos situaciones tengo mejores incentivos en este momento? ¿Cuál es mi momento de vida y qué riesgos me permite enfrentar?

6 factores para tener en cuenta el emprender

No se trata de romantizar la cultura del emprendimiento, como si fuera el sinónimo de éxito laboral y solvencia económica. No lo es. Pero si se trata de permear una cultura, en donde todos y todas podamos escoger. Escoger el momento de tener un empleo y, en su caso, el momento de dar empleos. Pasa por muchos factores que hay que conocer y que podría resumir así:

• No existe la seguridad laboral, no importa si tengo un empleo o si doy empleos. La vulnerabilidad no es tan diferente.
• La pregunta importante es: ¿Con qué riesgo me siento menos incómodo? ¿El riesgo de perder mi empleo o el riesgo de que mis clientes se vayan? O incluso, ¿el riesgo que el mundo cambie y mi negocio sea obsoleto y desaparezca?
• Ir a la universidad no es garantía de nada, ni tampoco es un piso mínimo. Normalicemos otras formas de generar ingresos. Oficios, micronegocios, autoempleos digitales, actividad deportiva, arte.
• Hay que conocerse a sí mismo. ¿Qué va mejor con mi personalidad? ¿Me siento cómodo siguiendo instrucciones? ¿Me gusta que me digan qué hacer? ¿Prefiero poner mis propias reglas y correr mis riesgos?
• La libertad es relativa. Emprender no es sinónimo de libertad absoluta, ni de éxito financiero inmediato. Y como nota adicional, el Estado no te va a ayudar en nada. En realidad, te la va a complicar.
• La última, no menos importante. ¿En dónde voy a ser más feliz a pesar de las dificultades normales de cualquier trabajo?

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En días pasados, el jefe del Ejecutivo Federal solicitó a la bancada de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detener algunas de las iniciativas en materia laboral que parecían de inminente aprobación en las semanas próximas. Dada la mayoría legislativa con la que cuenta el partido en comento, la instrucción del presidente resulta suficiente para “congelar” dichas propuestas, argumentando que las mismas podrían ser utilizadas para fines electorales. Ni duda cabe que lo anterior es absolutamente cierto.

Puntualmente, las iniciativas laborales que parecían destinadas a aprobarse eran, en orden de probabilidades, las siguientes:

1. Ampliación de la licencia de paternidad
2. Aumento de aguinaldo
3. Reducción de la jornada laboral

En lo que respecta a la primera, el suscrito ha sido enfático en la necesidad de ampliar dicha licencia, desde hace tiempo atrás. Los escasos cinco días que actualmente dispone la ley, no obstante tratarse de un “piso mínimo”, resultan totalmente insuficientes para el cuidado de una persona recién nacida y, a su vez, dicha situación termina acentuando la inequidad de género, pues hace parecer que la labor de cuidado es responsabilidad de solamente una de las dos personas involucradas. Lo cual desde luego es falso.

Expuesto esto, la ampliación en primera instancia parecía una fantástica noticia. Sin embargo, en las “letras chiquitas” de la iniciativa aparecía un problema: Dicha licencia sería absorbida total y completamente por las empresas, sin participación alguna de la Seguridad Social del Estado. Así, una iniciativa absolutamente necesaria, pasó a ser una de poco carácter técnico y viabilidad financiera.

Por cuanto hace al aumento del aguinaldo, quien escribe se ha opuesto sistemáticamente a dicho aumento (en los términos que se han planteado dichas iniciativas, no al aumento como tal) por un sinfín de razones y, dicho sea de paso, ninguna de esas razones tiene que ver con resistencia a la mejora de derechos.

Por el contrario, lo que muchos no quisieron ver en su momento, es que de proceder dicho aumento, las consecuencias hubieran sido verdaderamente catastróficas para la economía. Desde la generación de informalidad, el impacto en las mipymes y el aumento de la inflación, pero, sobre todo, la crítica principal estriba en que se trataba de una iniciativa que no se acompañaba del régimen fiscal necesario para convertirla en realidad. Aumentos del 100% como el que se proponía necesariamente deben acompañarse de una reforma fiscal que permita hacerlo. De otra forma, dicha iniciativa simplemente era una buena intención, sin el acompañamiento técnico necesario.

En lo que respecta a la reducción de la jornada semanal a 40 horas, aquí se ha dado cuenta de lo necesario que es transitar, de manera gradual, a una jornada que permita a las personas trabajadoras tener vida más allá del trabajo. Sin embargo, una vez más, dicha iniciativa carecía totalmente de solidez técnica. En concreto, quien suscribe presentó argumentos en contra en el Parlamento Abierto, toda vez que dicho planteamiento, pretendía reducir de manera abrupta de 48 a 40 horas.

A estas alturas, ha sido sobradamente explorado que las mejores prácticas internacionales han reducido gradualmente la jornada. El caso chileno y el caso colombiano acreditan que, tratándose de este tipo de reducciones, las mismas deben pasar primero a las 45 horas, luego a las 42 y finalmente a las 40, si es el caso.

Una vez analizadas de manera general las tres iniciativas, lo que verdaderamente debe llamarnos la atención es la ligereza con la que se legisla en nuestro país. Seamos francos, oponerse a las tres iniciativas aquí expresadas resulta verdaderamente antipopular y, por lo mismo, a los partidos políticos les acarrea un costo político muy alto decir no a este tipo de propuestas. Sin embargo, hago votos por que algún día alcancemos el nivel legislativo que nos permita la creación de leyes mucho más allá de la intención y el populismo que, claro está, no distingue partidos políticos ni ideologías.

Las tres iniciativas aquí planteadas tienen seguramente buenas intenciones y ahí, en la intención, seguramente podremos coincidir. No obstante, las implicaciones de aprobar una ley sin el estudio correspondiente y sin el acompañamiento de las y los expertos, traería consecuencias que, en ocasiones, ni siquiera contemplan quienes se encargan de crear leyes en nuestro país.

Señoras y señores legisladores: su trabajo es hacer el bien para el país, al máximo de sus capacidades. Y eso, no necesariamente implica ser popular. Tomen su trabajo con absoluto rigor y háganse acompañar. A muchos nos interesa que este país prospere y que consigamos un Estado de bienestar.

Ser legislador o legisladora no implica ser experto en todo, ni tener experiencia en todo. Es difícil medir las consecuencias laborales o empresariales de una ley, cuando nunca se ha trabajado fuera del presupuesto de la federación. Por eso y por mucho más, escuchen a quienes votamos por ustedes.

En ocasiones, hacer lo correcto implica ser impopular. La tentación del canto de las sirenas y del populismo laboral siempre estará ahí; es tarea de todas y todos subir el nivel y legislar con altura de miras.

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A propósito de la celebración de nuestra Constitución el pasado 5 de febrero, el Ejecutivo Federal presentó un paquete de 20 iniciativas de reforma; 18 de las cuales son de carácter constitucional. Más allá de que para conseguir su aprobación necesitaría de dos terceras partes de los votos de los legisladores, con las cuales su partido no cuenta, el mensaje que se manda y las implicaciones para el Estado Democrático de Derecho merecen ser analizadas como tal.

No pretendo analizar cada una de las iniciativas, pero en definitiva me parece que podemos dividirlas en tres grandes grupos:

1. Las que tienen por objetivo concentrar el poder y, por ende, terminar con los equilibrios constitucionales (desaparición de los Organismos Constitucionales Autónomos, así como transformación del Poder Judicial y del Sistema Electoral)
2. Las que tienen por objetivo una aparente ampliación de derechos, pero sin las bases técnicas y financieras suficientes (pensiones y programas sociales en general)
3. Las que resultan inobjetables y representarían un beneficio para la población en general (prohibición del maltrato animal).

A manera de primera reflexión, en lo que respecta al primer grupo, conviene señalar que el mensaje político que se envía es de una regresión política y constitucional de proporciones nunca vistas en la historia reciente.

Reitero, más allá de que parecen ser iniciativas destinadas a quedarse como tal ante la falta de apoyo legislativo, la intención evidente es la de seguir trascendiendo la vida y la agenda pública del próximo sexenio, gestando una concentración de poder en donde la opacidad sería la característica principal de un régimen en donde ya no existiría la división de poderes y los contrapesos como los conocemos.

Por razones evidentes de mi ejercicio profesional, pretendo centrarme en el análisis general de las consecuencias que experimentaríamos como país en caso de conseguir la supresión de los organismos constitucionales autónomos y la pulverización del Poder Judicial como contrapeso de nuestra vida democrática.

No debemos olvidar que muchos de los organismos ya mencionados han sido producto de la lucha por décadas de la sociedad civil organizada. En definitiva, no ha sido el triunfo de uno o varios partidos políticos, sino de la sociedad que ha sido capaz de formar instituciones capaces de dotarnos del más elemental derecho al acceso a la información, a votar y ser votado, entre muchos otros que hoy tenemos absolutamente normalizados.

La eliminación de estos organismos implicaría regresar 60 años en el tiempo, en donde el poder se encontraba completamente centralizado y en donde la transparencia era solamente una lejana aspiración. A mayor concentración de poder, menos democracia.

No obstante lo anterior, debo decir con enorme claridad que la más preocupante de las iniciativas es la que pretende el desmantelamiento del Poder Judicial.

Ante esto, conviene recordar algunas cuestiones. Primero, considero que desde hace tiempo existe un consenso importante en el gremio jurídico, y en la sociedad en general, en el sentido que el Poder Judicial debe ser reformado de manera constante para garantizar el más elemental acceso a la justicia.

Existen todavía muchas áreas de oportunidad en nuestro sistema jurídico que deben ser atendidas con prontitud. Una de ellas, por ejemplo, es en efecto la forma en la que se designa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Soy un convencido que no debería ser el Presidente de la República quien propusiera una terna de candidatos, sino que debiera ser el Consejo de la Judicatura quien tuviera dicha facultad.

Inclusive, a título personal me parece que deberíamos tener una clara mayoría de ministros de carrera judicial y apenas unos cuantos con formaciones diversas. Pero no estamos en esa discusión.

La verdadera problemática la encontramos en que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende que las personas juzgadoras, en muchísimos niveles, sean electas a través del voto popular. No es un tema menor que estemos en esta discusión tratándose de impartidores de justicia. A diferencia del Ejecutivo o del Legislativo, en donde las preferencias electorales deben marcar el rumbo en cualquier democracia, cuando se trata de impartición de justicia, el tema no puede politizarse ni dejarse al voto popular directo de las personas.

En caso de ser así, las personas juzgadoras se expondrían a la enorme tentación de tener que ser populares, pero no necesariamente buenos juzgadores. Nos encontraríamos en un escenario en donde la opinión popular, las redes sociales y los partidos políticos serían los encargados de dictar el rumbo de las resoluciones judiciales. Lo importante no sería hacer lo correcto o resolver conforme a Derecho, sino quedar bien con la opinión pública y con los patrocinadores de la campaña.

Todavía peor, imaginemos el escenario de filtración del crimen organizado en elecciones. No quiero ni visualizar lo comprometidos que llegarían los juzgadores a sus cargos, dando como resultado una total precarización y pulverización de la justicia en su más amplio espectro.

Veámoslo con la gravedad que tiene, si esta iniciativa prosperara, para junio de 2025, todos los titulares de órganos jurisdiccionales del ámbito federal serían separados de sus cargos. Esto incluye jueces de distrito, magistrados y, desde luego, ministros.

Que quede claro, la justicia no es un concurso de popularidad y los riesgos de transitar a un sistema como el que se propone terminarían por afectarnos a todos por igual, pues somos los usuarios de los servicios de justicia del Estado. La independencia judicial es un valor fundamental de cualquier democracia y así debemos entenderlo y defenderlo.

No podemos acostumbrarnos como sociedad a este tipo de iniciativas o pretender que no nos afecta directamente. Está claro que la probabilidad de éxito de la mayoría de ellas está por demás limitada, gracias a que todavía contamos con algunos contrapesos en nuestra democracia.

Pero, por increíble que parezca, muy pronto podemos enfrentarnos a un escenario en donde no haya nada que hacer al respecto. En donde la decisión de una persona sea suficiente para cambiar el país de un día para otro, en donde no podamos acceder a la información a la que tenemos derecho como ciudadanos, en donde nuestro voto no cuente, en donde no haya libre competencia y donde sea el Estado quien escoja a los jugadores económicos, en donde no baste ser inocente para librar una acusación, y en donde absolutamente todo gire en torno a la persona que ostente la Presidencia de la República.

Nos ha tomado muchos años y batallas conseguir la incipiente democracia que tenemos en nuestros tiempos. Es momento de honrarla y defenderla, no porque sea perfecta, sino porque queremos seguir teniendo la capacidad de retarla y mejorarla. Ni un paso atrás en la defensa del Estado Democrático de Derecho: ¡Es la Constitución!

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El año electoral inició con los tintes esperados y, desde luego, los aspectos sociales y laborales no podían permanecer ajenos a dicha dinámica.

En esta ocasión me refiero puntualmente al anuncio presidencial para promover una reforma que garantice que las personas trabajadoras obtengan una pensión equivalente a su último salario. Una situación que pudiera escucharse verdaderamente atractiva en términos de justicia social, pero que en la realidad resulta absolutamente inviable desde el punto de vista laboral, de seguridad social y desde luego de política pública.

El anuncio presidencial de las últimas semanas, que en todo caso deberá acompañarse de la propuesta de reforma correspondiente en términos constitucionales, pretende que exista una tasa de reemplazo del 100% en toda la población, en el entendido que será el Estado el encargado de financiar que las personas trabajadoras reciban una pensión equivalente al último salario devengado.

En un tema como el que pretende implementarse, el análisis es mucho más que social o de intenciones. En primer lugar, conviene recordar que en el año 2020 se aumentaron las aportaciones de las empresas al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), debido a que, en efecto, las tasas de retiro de las personas pensionadas han resultado muy bajas. En otras palabras, lo que no puede desconocerse es que, en nuestro país, las pensiones y el retiro en general son en efecto un lujo que pareciera pocos pueden darse, atendiendo, además, a la creciente informalidad laboral.

No obstante, lo que no puede perderse de vista es la situación financiera del Estado y lo indispensable que resultaría, también, una reforma fiscal para siquiera poder poner en la discusión un tema tan complejo como el que nos ocupa. Si partimos de la base que la iniciativa privada está transitando en los próximos años de un porcentaje de 6.5 a 15% en lo que a aportaciones se refiere, la respuesta obligada dado el contexto actual es que los recursos, en efecto, se obtendrían del propio Estado. Sin embargo, ni el más optimista de los analistas económicos ha considerado que lo anterior sea posible a través de políticas de austeridad.

En columnas anteriores he manifestado que nuestro país presenta un problema muy importante de incentivos, enfatizado especialmente en el tema laboral. Aquí he dejado constancia de lo caro que es hacer negocios en México dada la dinámica fiscal y de seguridad social que rodea a cualquier persona con ánimos de emprender y generar empleos.

Normalmente, más de la mitad de los ingresos de las empresas terminan en las arcas del Estado y, una problemática verdaderamente conectada a lo anterior es el poco reflejo de dichas aportaciones en beneficios para la población. Y bueno, ni qué decir de cómo esta situación termina empujando a la informalidad.

Algo muy similar a lo expuesto con anterioridad sucede en lo que respecta a la situación de las personas trabajadoras y los beneficios que tendrían que desprenderse de la afiliación al régimen de seguridad social. Naturalmente existe un problema de Estado cuando de una aportación tripartita (empleadores, personas trabajadoras y Estado) no pueden obtenerse los más elementales servicios de salud y, en muchas ocasiones, ni siquiera las medicinas para la atención de padecimientos de menor nivel.

Si de la seguridad social no estamos obteniendo la salud requerida, ni la relativa garantía de obtener recursos para la transición al último tercio de vida, la verdadera reflexión que hay que hacer tiene que ver con la administración pública del Estado. Cambiar la situación anterior sin una reforma fiscal no es posible ni con la más extrema de las austeridades. Sencillamente, no alcanza.

La reflexión principal a la que quisiera invitar en esta ocasión es a la de tener cuidado con propuestas de reforma con aparente alcance social, que con un poco de análisis terminan representando auténticos retrocesos en los acuerdos alcanzados en las últimas décadas. Los déficits actuariales del Producto Interno Bruto (PIB) en lo que respecta al IMSS y al ISSSTE son auténticamente dignos de llamar la atención y, por ende, éstas no pueden ser decisiones que se tomen únicamente desde la voluntad o las aparentes buenas intenciones.

En lo personal, no podría oponerme a tener mejores tasas de reemplazo para la población, máxime con las condiciones laborales de la mayoría de las personas trabajadoras de nuestro país. No obstante, reitero, aquí no alcanza la intención.

Está claro que en años recientes se han realizado esfuerzos más que razonables impulsados desde el diálogo social, para gradualmente ir mejorando una situación que debe ocuparnos a todas y todos. Sin embargo, aunque la deuda todavía es grande, el análisis debe tomar como una de las variables principales el gasto del Estado en pensiones, que ya suficiente merma ha hecho al sistema fiscal mexicano.

Elevemos la discusión y recordemos que el rigor técnico y las políticas públicas deben jugar un rol fundamental en cualquier decisión de Estado, en donde normalmente no bastan las buenas intenciones.

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Durante varias décadas, proyectar los años futuros en materia laboral resultaba verdaderamente ocioso. La razón era muy simple, y es que el Derecho Laboral no cambiaba ni una coma de la Ley Federal del Trabajo. Todo el siglo pasado experimentamos apenas dos reformas laborales y fue hasta el año 2012 que vivimos la primera reforma laboral del siglo. El resto es historia, así que lo primero que quiero manifestar es mi beneplácito por los tiempos laborales que nos ha tocado vivir.

Ahora bien, desde mi perspectiva, 2023 fue un año mucho más de intenciones, rumores y agendas que de realidades laborales. Desde luego que la aparición en ley de la nueva tabla de enfermedades de trabajo debe considerarse una fantástica noticia para la dinámica laboral de nuestro país, así como considero que la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) era una necesidad imperante para seguir elevando el tema de violencia y acoso en los entornos laborales.

En lo fundamental, me parece que esos dos deben considerarse los temas más relevantes del año que recién termina. Si bien podríamos comentar sobre la NOM-037 en materia de Teletrabajo, misma que despertó grandes expectativas, considero que se quedó verdaderamente corta y que sigue sin resolver las grandes problemáticas de esta modalidad en el día a día.

El 2024 parece traer consigo dos tópicos que parecieran destinados a convertirse en las primeras reformas laborales del año electoral. Por un lado, La Cámara de Diputados aprobó en días pasados modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en materia de permisos de paternidad, esto a través de una reforma que establece un piso de 20 días laborales con goce de sueldo en caso de nacimientos y adopciones.

Se trata de una iniciativa que aún deberá transitar por el Senado y que no contempla subsidios por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual seguramente generará un debate interesante en los factores. Por una parte, es innegable la necesidad de generar un mejor derecho a los padres de familia y a las familias en general, aunque también debe reflexionarse seriamente sobre la responsabilidad del Estado en ese sentido.

El otro tema al que quiero referirme es la llamada “Ley Silla” que en semanas pasadas fue aprobada por unanimidad en Comisiones Unidas de Trabajo y Estudios Legislativos del Senado de la República. Una iniciativa que deberá pasar por la Cámara de Diputados y que resulta en extremo necesaria para la seguridad y salud en el trabajo.

Se trata de no permitir que las personas trabajadoras permanezcan de pie la totalidad de la jornada laboral, obligando a los centros de trabajo a proveer sillas con respaldo y a repensar los periodos de descanso en ese sentido. Con toda franqueza, resulta inverosímil que sigamos tan atrasados en situaciones tan elementales como la que aquí se comenta y que resulta indispensable para el más elemental trabajo digno y decente.

El pendiente de la jornada laboral

Dentro de los otros temas que considero debemos observar con interés para el próximo año, se encuentra la posibilidad de revivir la discusión sobre la reducción de la jornada laboral. Es claro que la iniciativa discutida en Parlamento Abierto durante los últimos meses del año no encontró el consenso necesario entre los sectores para convertirla en realidad; en gran medida porque no ha existido la apertura necesaria para hablar de gradualidad en un tema tan central para la economía mexicana.

Cambios tan impactantes, como el que acaparó la discusión de los últimos meses, deben observarse con cuidado y con la altura de miras necesaria. Reitero que reducir los máximos de ley y elevar los mínimos no debe ser algo que se analice de manera trivial, sino revisando todas las implicaciones para personas trabajadoras y personas empleadoras.

En la misma línea de relevancia, habrá que seguir monitoreando las quejas presentadas a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en materia de libertad y acceso a la sindicalización, en el marco de los compromisos adquiridos por México en el T-MEC.

De manera paralela, la puesta en marcha del todavía nuevo sistema de justicia laboral y el rol de la conciliación como instancia prejudicial obligatoria seguirán siendo temas fundamentales en la operatividad laboral. Entidades federativas como el Estado de México y Chihuahua son dos ejemplos de quienes han entendido el nuevo sistema como una oportunidad de profesionalización y acceso a la justicia para las personas usuarias, conciliando un gran número de asuntos que no han tenido la necesidad de judicializarse.

Finalmente, en la lista de deseos que parecen de difícil cumplimiento para el próximo año, valdría la pena recordar que la regulación del trabajo en plataformas digitales sigue siendo un tema al que tendremos que entrarle tarde o temprano y que se trata de enfrentar una realidad laboral para la cual nuestra legislación no está ni remotamente preparada y que, entre más tardemos en discutir, más difícil será. Nuestra ley fue pensada para una realidad que fue rebasada hace décadas y en muchos sentidos sigue siendo totalmente obsoleta. Para muestra este tema.

Hago votos porque sigamos elevando la discusión laboral y los derechos de personas trabajadoras y personas empleadoras, en una dinámica de diálogo permanente y no polarización entre los sectores, en donde podamos replantear esquemas y tabúes laborales, a través de una legislación mucho más dinámica, sensata, justa y acorde al Siglo XXI.

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El año 2023 no tarda en llegar a su fin y, naturalmente, lo que corresponde es analizar los retos laborales que podría traernos el año 2024 y las implicaciones que pudieran acarrear para personas trabajadoras y personas empleadoras.

El año 2023 ha tenido varias características interesantes en el mercado laboral mexicano. Se trata de un año que nos dio la bienvenida con la puesta en marcha de la reforma en materia de vacaciones; una deuda histórica que nos permitió salir de los últimos lugares a nivel mundial en cuanto a días de vacaciones se refiere.

Ha sido el año también que vio la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo, después de décadas de permanecer intocada. Y, a juzgar por los acontecimientos recientes, pareciera que el propio 2023 tiene la intención de cerrar con las nuevas disposiciones relacionadas a una jornada de trabajo reducida; de lo cual habremos de estar muy pendientes.

Es natural pensar que el año 2024 será acaparado en atención por las elecciones federales para la Presidencia de la República, así como las muy diversas elecciones locales para el Congreso de la Unión, Congresos locales, alcaldías y municipios. Por lo mismo, dada la naturaleza social del Derecho del Trabajo, no debería sorprendernos un número importante de iniciativas legislativas en esta materia, de las cuales habremos de analizar cuáles se convertirán en legislación.

Es de nuestra consideración, que ésta pudiera ser la oportunidad para generar incentivos desde ambos sectores de la producción, generando más y mejores empleos a propósito de la dinámica de nearshoring que rodea a nuestro país; al tiempo de buscar mayores incentivos fiscales y laborales para las empresas con operaciones en México, que enfrentan cargas fiscales y sociales verdaderamente monumentales.

En ese sentido, es importante traer a la discusión un tema que parece haber quedado en el limbo legislativo y que debería analizarse con prontitud: el trabajo cotidiano de las personas que sufren alguna discapacidad.

En semanas pasadas tuve la oportunidad de visitar la Universidad Sergio Arboleda en la ciudad de Santa Marta, Colombia, en donde pude contrastar la dinámica de incentivos que rodea la legislación colombiana, precisamente en lo tocante al trabajo de personas con discapacidad. Se trata de un tema verdaderamente ignorado en la legislación mexicana y que, con los alcances e incentivos adecuados, pudiera convertirse en una manera de inclusión para el sector que aquí se comenta, al tiempo de impactar de manera positiva y desde la perspectiva fiscal a las empresas con operaciones en México.

Analizando el caso colombiano, se encuentra que en dicho ordenamiento jurídico se reconocen diversas estrategias que han sido creadas para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Se estipulan medidas como incentivos económicos, cuotas de reserva, ajustes razonables en los puestos de trabajo y otras medidas más generales, como el teletrabajo y la responsabilidad social empresarial, con el fin de generar una variación en el accionar empresarial que permita corregir de alguna manera las tendencias discriminatorias y favorecer la verdadera igualdad de oportunidades para este colectivo.

Llama la atención cómo en el caso de los incentivos económicos previstos en la legislación laboral colombiana para promover el trabajo de las personas con discapacidad, el Estado acompaña al sector empresarial, brindándole diferentes apoyos, como el derecho a reducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año gravable a los trabajadores con discapacidad, la posibilidad de disminuir en un 50% la cuota de aprendices (en México pudiéramos compararlo con la capacitación Inicial), el establecimiento de líneas de crédito blando para la puesta en marcha y creación de empresas pequeñas y medianas dirigidas a producir materiales, equipos y accesorios que posibiliten a las personas con discapacidad la realización de actividades ordinarias o que sean útiles para prevenir, restaurar o corregir su condición de discapacidad, entre otras.

Gracias a los avances normativos y los diferentes incentivos y estrategias aplicados en Colombia para promover el trabajo de las personas con discapacidad, en los últimos años, se han podido ver avances importantes en este tema, que en otros tiempos era impensable.

No obstante, la inclusión laboral de estas personas sigue siendo un reto. Hay desafíos grandes que enfrenta el caso colombiano en aspectos como la ampliación de los incentivos para las empresas, la reglamentación específica de las estrategias de inclusión existentes que determinen el alcance y límite de éstas, así como el seguimiento y control por parte del Estado respecto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

De cualquiera manera, me parece que en tiempos en donde la diversidad y la inclusión son temas torales de la agenda laboral mexicana, el ejemplo colombiano pudiera funcionar como un primer punto de partida de un tema que históricamente hemos ignorado en nuestro país.

En tiempos en donde parece estar de moda subir los mínimos de ley y reducir los máximos, conviene también pensar en formas de inclusión a sectores vulnerados, al tiempo de generar incentivos y beneficios fiscales para las empresas.

Hago votos porque 2024 sea un año en donde podamos impactar positivamente a ambos sectores de la producción. Más y mejores empleos requieren también más y mejores empresas. Asegurémonos de generar los incentivos.

*Kelly Viviana Aristizábal Gómez es abogada colombiana, Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda-Santa Marta Colombia.

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El pasado lunes 16 de octubre tuve la oportunidad de participar en el Parlamento Abierto convocado por la Cámara de Diputados para discutir los impactos de la posible reducción de la jornada laboral.

En primer lugar, debo decir que, desde mi consideración, en realidad estamos ante la presencia de una ampliación de los días de descanso, más allá de una reducción de la jornada de trabajo como tal. En el mismo sentido, considero que siempre debemos celebrar la apertura legislativa ante este tipo de foros, máxime cuando se trata de legislaciones potenciales que tienen implicaciones tan variadas como la que nos ocupa en esta columna.

Ahora bien, una primera reflexión que considero vale la pena realizar es el apasionamiento con el que se ha abordado esta posibilidad desde ambos factores de la producción. Por una parte, la representación obrera motiva muchos de sus planteamientos en la necesidad de seguir dotando a nuestra legislación de los mecanismos adecuados para el esparcimiento y el descanso de las personas trabajadoras, así como la tendencia internacional a reducir las jornadas, recordando además que se trata de un tema que lleva varias décadas buscando insertarse en la agenda legislativa.

Del otro lado, la representación patronal reconoce la tendencia ya mencionada, pero enfatiza en los tiempos y los momentos para hacer realidad esta situación, considerando la cantidad de reformas recientes (vacaciones dignas, aumento a las aportaciones de los fondos de pensiones, restricción de la subcontratación, teletrabajo) e inclusive algunos rezagos financieros de la pandemia.

Me parece que, contrario a lo que se piensa, existieron muchas más coincidencias en el desarrollo del Parlamento Abierto que posturas encontradas. En lo personal, encontré consenso en la necesidad de reducir la jornada en un periodo de tiempo determinado y de seguir garantizando tiempos de esparcimiento para las personas trabajadoras, aceptando que, en efecto, México es uno de los países que mayor cantidad de horas trabaja en el mundo y que por alguna razón no termina de reflejar dicha situación en indicadores de productividad.

Es evidente que el punto fino en donde no hay consenso es en el momento para realizar dichas modificaciones. La representación obrera argumentó que dicho momento es ahorita, mientras que la representación patronal solicitó gradualidad en caso de materializarse la reducción de la jornada.

Algo es cierto, las últimas reformas laborales no se han caracterizado precisamente por su gradualidad. Por ejemplo, la reforma de vacaciones dignas se caracterizó justamente por su aplicación inmediata y por la complejidad que tuvieron que enfrentar las empresas para su ejecución, teniendo que ajustar además los días sobre los cuales debe ahora pagarse la prima vacacional. Un poco más atrás, la reforma en materia de subcontratación, si bien fue retrasando su puesta en marcha, tampoco puede decirse que haya dado tiempo suficiente a las empresas para organizarse y replantear los modelos productivos respectivos.

Considero que si existe una situación que requiere específicamente de gradualidad, es categóricamente la reducción de la jornada y, para muestra, habría que analizar la experiencia colombiana o chilena. Compararnos con Dinamarca o Noruega me parece, incluso, irresponsable. Compararnos con los iguales es, apenas, un presupuesto básico para el análisis.

Asumamos que legislar en materia laboral no es solamente un cúmulo de buenas intenciones, sino que debe acompañarse siempre de los mecanismos que garanticen su correcta aplicación desde ambos factores de la producción. Es un hecho, por ejemplo, que deben incluirse los mecanismos que prevengan las enfermedades laborales como el estrés laboral o el “burnout” y es cierto que la reducción de la jornada podría colaborar a dichos fines.

Sin embargo, también es cierto que existen industrias y negocios que, de procederse con una modificación tan abrupta de la jornada, generarían situaciones nada deseables para ninguno de los dos lados de la relación laboral. E incluso, debo decir que tampoco estoy tan seguro que los temas laborales deban seguirse poniendo en la agenda a través de decretos, sino que también deberíamos estar impulsando que la negociación colectiva se hiciera cargo de este tipo de situaciones en las mesas de negociación y revisión de Contratos Colectivos de Trabajo, aprovechando que es en esas mesas en donde se conoce la situación real de cada negocio y de cada industria.

Si nos dedicamos a subir los mínimos y reducir los máximos de ley al límite de nuestras posibilidades, ¿qué margen de acción le vamos a dejar a los sindicatos y a la contratación colectiva? ¿No será que con estas modificaciones tan inmediatas y seguidas una de la otra terminamos inhibiendo la vida sindical? ¿Es real proceder con una modificación general para todos los negocios e industrias por decreto, asumiendo que todos los centros de trabajo funcionan igual?

Estas son algunas preguntas para continuar una discusión que debe centrarse en la empatía de ambos factores de la producción, sin convertirlo en un juego de buenos contra malos que, categóricamente, no le sirve ni le hace justicia a nuestro país.

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